Presidente de México, Manuel López Obrador creó en diciembre de 2018, una comisión de la verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa. Foto: Europa Press.
El Gobierno de México ha anunciado que denunciará al personal de la Fiscalía Feneral de la República (FGR) que podría haber favorecido la "impunidad" de los acusados por la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa en el año 2014, después de la excarcelación de uno de los principales sospechosos de este simbólico caso.
Gildardo López Astudillo, 'El Gil' señalado como uno de los líderes de la organización delictiva Guerreros Unidos y que presuntamente había perpetrado el secuestro de los jóvenes, fue puesto en libertad el sábado después de que un juez concluyese que las acusaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
En opinión de Encinas, la absolución de este acusado sienta un precedente "muy grave" y podría dar pie a otras resoluciones similares. En este sentido, ha recordado que de las 142 personas detenidas por la desaparición de los 43 'normalistas' en septiembre de 2014, 53 han sido liberados y otros 50 podrían abandonar ahora la cárcel, según el diario 'Milenio'.
"Queremos hacer un exhorto a la FGR para que se refuerce la investigación y anunciar que, por instrucción del presidente, iniciaremos las denuncias correspondientes contra elementos de la FGR porque, en vez de generar justicia, favoreció la impunidad", ha anunciado Encinas, en el marco de la rueda de prensa diaria que ofrece el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El presidente ha pedido "disculpas por anticipado" al informar de que denunciará cualquier futuro caso como el de 'El Gil'. "No nos vamos a quedar callados", ha avisado López Obrador, quien ha reclamado una "reforma a fondo", tanto de la Fiscalía como de la judicatura, "instituciones que se han venido echando a perder porque había influyentismo, amiguísimo y corrupción".
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en un informe el año pasado que encontró "sólidos motivos para creer que una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de la investigación sobre este caso fueron torturadas y detenidas de manera arbitraria", lo que puso en entredicho el valor de las pruebas obtenidas en esa primera fase.